«Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa (…) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa».
Así se pronunció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, cuyos magistrados fueron destituidos este sábado tras una votación en el Congreso que ahora controla por mayoría el partido del presidente del país, Nayib Bukele.
La polémica votación provocó un torrente de condenas nacionales e internacionales del más alto nivel por quienes consideran que la decisión atenta contra la independencia de poderes de los órganos del Estado en el país centroamericano y carece de respaldo legal.
Entre otras críticas destacó la del gobierno de Estados Unidos, principal socio comercial de El Salvador, que ya se comunicó con el presidente Bukele para expresarle sus «serias preocupaciones» sobre lo sucedido
«Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia», respondió firme el mandatario salvadoreño a las declaraciones de la comunidad internacional.
Bukele tuvo públicos enfrentamientos con los magistrados de la CSJ después de que resolvieran recursos en contra de algunas medidas que él intentó adoptar durante la pandemia. En abril del año pasado, por ejemplo, llegó a anunciar que no acataría una sentencia relativa los confinamientos forzosos para quienes no cumplían la cuarentena.
Pero este sábado, el presidente salvadoreño defendió la votación de los diputados apuntando al artículo 186 de la Constitución salvadoreña que contempla que la Asamblea Legislativa puede destituir a los magistrados «por causas específicas, previamente establecidas por la ley».
Los congresistas que apoyaron la destitución por mayoría absoluta (64 de 84 votaron a favor) aseguraron que los magistrados «actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población».
Del mismo modo, aprobaron destituir al fiscal general, Raúl Melara, de quien dijeron que tiene «vínculos» con el partido opositor Arena que pondrían en tela de juicio su independencia, aseguraron.
Bukele también mantuvo diversos encontronazos con Melara a raíz de sus decisiones al frente de la Fiscalía, muchos de ellos públicos entre ambos a través de Twitter.
«El fiscal general de la República es uno para toda la nación y es quien decide cómo va a ser la política de persecución penal y de igual forma, es el abogado del Estado. Conozco perfectamente hasta dónde llegan mis funciones y cuáles son mis obligaciones», dijo por su parte el nuevo fiscal general elegido por la Asamblea, Rodolfo Delgado.
«Es el momento de ordenar la casa y que las cosas empiecen a funcionar adecuadamente», agregó en conferencia de prensa en la madrugada de este domingo.
¿Qué dijo la Sala de lo Constitucional sobre su destitución?
Tras la votación en la Asamblea, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución para declarar la destitución de sus magistrados «inconstitucional, debido a que viola la independencia judicial».
El organismo argumentó que «con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el órgano Ejecutivo y Legislativo», la decisión de los diputados «incide negativamente en el control del ejercicio del poder» que efectúa la Sala de lo Constitucional.
La Sala aseguró que la destitución «no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla», e incluso si hubiese estado precedida por un proceso «afecta la dimensión externa de dicho principio formal, que exige la ausencia de presiones por parte de los demás órganos del Estado».
«La falta de beneplácito del órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una coacción», se lee en el texto.
Pese a esta resolución, los diputados eligieron la misma noche del sábado a los nuevos cinco magistrados sustitutos y al nuevo fiscal, quienes custodiados por agentes policiales ingresaron a las instalaciones de la CSJ y al edificio del Ministerio Público, respectivamente.
«En realidad ya estaban destituidos cuando emitieron esa resolución (que además no tiene ni firmas, ni sellos, ni comunicación oficial)…», tuiteó Bukele para restar importancia al posicionamiento de la Sala de lo Constitucional.
¿Qué dijo Estados Unidos?
Este domingo, el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, dijo que se había comunicado con Bukele para expresarle la gran inquietud de su gobierno por lo ocurrido.
«Hablé hoy con el presidente salvadoreño para expresar serias preocupaciones sobre la decisión de ayer de socavar al más alto tribunal de El Salvador y al Fiscal General Melara. La gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes, por el bien de todos los salvadoreños», tuiteó.
Además, defendió que Melara estaba «luchando contra la corrupción y la impunidad» y era «un socio eficaz» para combatir el crimen «tanto en Estados Unidos como en El Salvador», según un comunicado difundido por su departamento
«Así no se hace», sentenció en redes sobre lo ocurrido Juan González, asesor de Biden para América Latina como director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.
«La existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas», subrayó Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU.
El presidente salvadoreño mantuvo una relación muy cordial con el anterior gobierno estadounidense liderado por Donald Trump, pero ha mostrado claras discrepancias con el actual Ejecutivo desde que Biden asumió el poder. El salvadoreño no recibió, por ejemplo, al enviado especial para el Triángulo Norte de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, en su visita a Centroamérica el pasado mes.
Algunos congresistas estadounidenses también se unieron a las críticas. El demócrata Albio Sires opinó que «si no se reconsidera» la destitución de los magistrados, «el gobierno de EE.UU. debe disminuir la cooperación» con El Salvador.
¿Qué otras reacciones internacionales hubo?
La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó las destituciones recordando que «en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos».
«Cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios. Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo», agregó en un comunicado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también criticó las destituciones «sin debido proceso ni causas específicas constitucionales, lo que pone en riesgo el Estado de derecho» en El Salvador.
Además, instó al gobierno salvadoreño a respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la votación de la Asamblea.
La CIDH anunció también que ha decidido instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada en El Salvador «para monitorear y atender esta grave situación que afecta la institucionalidad y los derechos humanos en el país».
«Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional», dijo por su parte el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán.
«Todo proceso de destitución debe atender a causas específicas y previamente establecidas en la ley. Esta Relatoría de la ONU permanecerá vigilante y actuará contra toda acción orientada a afectar la labor de los jueces constitucionales en El Salvador», agregó.
«El golpe al Estado de Derecho es total (…). Quiero que a Bukele le quede claro: haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EEUU, el Banco Mundial, el FMI y el BID», tuiteó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch.
Pero ante estas y otras críticas y condenas llegadas desde el extranjero, Bukele fue igualmente tajante a la hora de responder.
«A nuestros amigos de la comunidad internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia», tuiteó el mandatario.
Fuente BBC MUNDO
