Secuestros, sicariatos y falta de políticas de prevención figuran en el libelo acusatorio que se tendrán en cuenta en el juicio político contra Arnaldo Giuzzio, presentado en la Cámara de Diputados.
El libelo acusatorio presentado por varios diputados contra el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, señala que el secretario de Estado incurrió en el mal desempeño de funciones.
En ese sentido recuerda que en la nueva estructura orgánica y funcional del Ministerio del Interior se dispone que el ministro del Interior sea la autoridad superior, designado por el Poder Ejecutivo, con la principal función de tener a su cargo la dirección superior de los organismos encargados de la seguridad interna del país.
Destacan que es responsabilidad del ministro formular las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interna, elaborar la doctrina, planes; y conducir las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interna.
«En ese entendimiento del análisis de las disposiciones normativas que regulan las funciones y atribuciones del Ministerio del Interior y específicamente como autoridad superior institucional, se advierte que se vive una realidad nacional, donde el actual ministro Giuzzio no cumple con la mayoría de sus funciones, ya que actualmente se percibe un descontrol en cuanto a la seguridad interna del país, una rutina opacada por inseguridad, delincuencia, perpetrándose crímenes de todo tipo», sostiene el documento.
Casos de secuestro
Según el libelo, la criminalidad «se afianzó» durante la gestión del actual ministro del Interior, debido a que nunca lideró una política pública de seguridad. En ese sentido, la acusación apunta a que Giuzzio minimiza toda situación de inseguridad ciudadana.
Afirman que el secuestro de personas, la pérdida de la libertad de varios ciudadanos se ha dado durante su gestión, y en muchos casos liberados por el pago de fuertes sumas de dinero, mientras que en otros casos lastimosamente han terminado con la pérdida de vida de los secuestrados.
En ese sentido, se registra el caso del joven Jorge Ríos, secuestrado en el distrito de José Félix López y hallado muerto el 3 de julio de 2021, en Alto Caracol, estado de Mato Grosso do Sul.
El 14 de agosto de 2021 se perpetró el secuestro de Sandra Maceda, en la colonia General Díaz del distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. Fue rescatada por efectivos policiales el 17 de agosto de 2021.
Asimismo, el 22 de noviembre de 2021, el caso de Helmut Ediger, Rolando Díaz González y Odair Dos Santos, secuestrados del establecimiento ubicado en la zona 6000, ex-Marengo de la colonia Friesland del distrito de San Estanislao, fueron ejecutados y sus cuerpos hallados en horas de la noche de ese mismo día.
Otro hecho se produjo el 6 de diciembre de 2021, cuando fue secuestrado Peter Reimer en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, estancia Guyra Campana, siendo liberado tras entrega por los familiares de víveres por valor de USD 500.000, siguiendo indicaciones del EPP, a varias comunidades.
«Estos son los secuestros más conocidos de los cuales cuatro personas perdieron la vida, y solo en uno de ellos se tuvo éxito en la intervención de la Policía Nacional. Como estos se demuestra que en varios puntos del territorio nacional se viene consolidando la industria del secuestro, sin que exista una política desde el Ministerio del Interior para que esta situación sea realmente revertida», indica el documento.
Sicariatos
Según los parlamentarios, otra situación sumamente grave es que se vino incrementado notoriamente, en la gestión del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, es el conocido como sicariato o crimen por encargo.
Sostienen que las estadísticas son contundentes, en el año 2021 se han producido 28 hechos de homicidios por encargo, donde 31 personas han fallecido, y en lo que se trata de este año 2022 ya son 12 los ataques por encargos registrados solo en el mes de enero con unas 15 personas fallecidas.
«Todos estos hechos de homicidio por encargo fueron en aumento ante la falta de una política pública de prevención y a la vez, incluso, de hechos punibles de corrupción, en especial con respecto al último caso ocurrido en un concierto multitudinario en San Bernardino, donde fueron asesinados un hombre identificado como Marcos Rojas y la influencer Cristina Aranda.
Además de la corrupción policial —que fue descubierta con el crimen— también se cuestiona la falta de una lucha real y efectiva del ministro.
El miércoles 28 de enero diputados pidieron realizar este viernes la sesión extra para aprobar el libelo acusatorio en contra del ministro del Interior. Para una destitución se necesitarán dos tercios de los presentes.
