Perú debate qué hacer con su muerto más incómodo.
Abimael Guzmán, líder de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, causante de decenas de miles de muertes en el país entre 1980 y 1992, falleció el pasado sábado a los 86 años de edad en el penal de la Base Naval de El Callao, la prisión de máxima seguridad en la que cumplía condena por delitos de terrorismo.
Según la autopsia, Guzmán murió a causa de una neumonía bilateral provocada por la acción de un agente patógeno. El Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) informó de que Guzmán se negó a recibir alimentos y ser trasladado a un centro médico, pese a que en las últimas semanas ya había tenido problemas de salud.
Guzmán no era un preso más. Fue el fundador y líder absoluto de Sendero Luminoso, el grupo armado que se alzó en 1980 contra el Estado en su intento por convertir a Perú en una república comunista, desencadenando un conflicto cuyas víctimas mortales se estiman en 69.000. Las acciones de Sendero todavía conmueven a la sociedad peruana, que recuerda con horror una guerra en la que las fuerzas estatales también perpetraron violaciones de los derechos humanos.
Su viuda, Elena Iparraguirre, solicitó desde la cárcel en la que cumple condena por su pertenencia a Sendero Luminoso que el cadáver de Guzmán le sea entregado.
Pero los tribunales han desestimado hasta ahora su petición, mientras que los policías que lo capturaron piden que sea incinerado y sus restos arrojados al mar para evitar que pueda recibir el homenaje de sus seguidores.
El gobierno dice que el destino final del cadáver lo decidirá la Fiscalía, pero también se han alzado voces que aseguran que el Ejecutivo no puede eludir su responsabilidad en este asunto.
El ministro de Justicia, Aníbal Torres, solicitó el lunes a la Fiscalía que disponga la cremación de los restos de Guzmán. Aunque la Fiscalía había informado en una comunicación previa que, de acuerdo con la Ley General de Salud y el Código Procesal, «los restos deberán ser entregados a los familiares directos debidamente acreditados».
El destino final de los restos de una de las figuras más denostadas del siglo XX peruano se ha convertido en cuestión de Estado.
Pero la viuda, en comentarios citados por la página web del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), que promueve la amnistía de los senderistas privados de libertad, a los que considera «presos políticos», responsabilizó al Estado peruano del «asesinato» de su esposo y «la desaparición de su cuerpo».
Las autoridades informaron de que Iparraguirre sería trasladada a un penal de máxima seguridad por haberse comunicado con el exterior saltándose el régimen penitenciario al que está sometido.
Expertos jurídicos citados por la prensa peruana afirmaron que el problema estriba en la falta de una previsión sobre qué hacer con los condenados por terrorismo muertos en prisión en las leyes peruanas.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, admitió que el caso de Guzmán enfrenta a las autoridades a «un vacío normativo».
Por ello Ávalos presentó al Congreso este lunbes un proyecto de ley para que jueces o fiscales puedan disponer el destino final de cadáveres «en caso de posible afectación a la seguridad y orden público».
Por qué es un problema para Pedro Castillo y su gobierno
En la campaña electoral, el presidente de Perú, Pedro Castillo, recibió acusaciones de vínculos con Sendero Luminoso, algo que siempre ha rechazado.
Las supuestas conexiones de algunos miembros de su gobierno con la organización que fundó Guzmán se han convertido en fuente de críticas y han enrarecido el clima político.
Guillermo D. Olmo @BBCgolmo
BBC News Mundo
